Ve Noticia, Chetumal.- Con la usencia de los diputados Hernán Villatoro Barrios y José Luis Toledo Medina, tres de los cinco integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura llevaron a cabo sesión de trabajo para tratar el tema de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.

La secretaria de la Comisión, Linda Cobos Castro leyó el orden del día donde se incluyó el análisis, estudio y discusión de la Iniciativa de Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión.

Al realizar el análisis, la Secretaría Técnica de la Comisión a cargo de Nayeli Solís informó que este proyecto de ley se compone en dos partes: La propuesta de ley que está conformada por cuatro títulos y cincuenta artículos ordinarios; dos, reformas a la ley de derechos, cultura y organización indígena del estado para establecer la función que llevará a cabo el INMAYA (Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo) en la realización de las consultas previas, así como la obligación de los órganos constitucionalmente autónomos a llevar a cabo las consultas previas.

Aunque la Ley contempla que el INMAYA es el encargo de hacer la consulta, hasta ahora no existe un mecanismo o norma que explique el método ni especifique los temas que se deben de llevar a consulta en los pueblos originarios de Quintana Roo.

La información detallada de la Secretaría Técnica es que en los 11 municipios del estado habita el 60% de población indígena, pero son cinco los que concentran el mayor número: En Felipe Carrillo Puerto el 91% de los habitantes son indígenas; en José María Morelos, el 90%; en Lázaro Cárdenas el 84%; Bacalar tiene un 67% de su población que es indígena y Tulum cuenta con un 66%.

Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 44% de los que habitan en Quintana Roo se consideran indígenas, o sea que hay 667 mil personas consideradas indígenas en el estado; de esos, 11 mil 458 son afrodescendientes.

La población que habla una lengua indígena es de 233 mil personas, mayores de 5 años, donde el idioma predominante es el maya.

La propuesta de ley contempla que las consultas deben de tener al menos tres etapas: los actos preparatorios, la jornada de la consulta y los actos posteriores a la consulta. En cuanto a la primera etapa se debe de realizar las mesas de trabajo, los foros, emitir la convocatoria y darle máxima publicidad para que todos se enteren; en la segunda etapa incluye el día que se llevará a cabo la consulta, el mecanismo y los resultados. Los actos posteriores a la consulta tienen que ver con la publicación de esos resultados y si se obtuvo o no la autorización para llevar a cabo el acto consultado.

Posteriormente a la justificación de la iniciativa de ley, el diputado Pedro Pérez propuso que se invite a estos trabajos de discusión a especialistas en temas de consulta a pueblos indígenas; además que se aporten los elementos necesarios que se encaminen a cumplir con los tratados internacionales de los pueblos originarios.

La diputada Linda Cobos dijo que debe estar la representante del Instituto Mexicano de los Pueblos Indígenas (IMPI). A lo que Pedro Pérez agregó que se debe de invitar a gente de Oaxaca que ya tienen experiencia para que puedan apoyar a la elaboración de la ley.

Se sometió a votación a los miembros de la Comisión. Aprobada por unanimidad.

Después de la reunión de Comisión, el diputado Pedro Pérez Díaz expresó que “Es vital respetar la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas, pero también es fundamental hacerlos participes en la toma de decisiones que afectan de manera directa o indirecta a sus comunidades. Impulsamos la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas en Quintana Roo, buscando que la toma de decisiones sea de manera coordinada con las comunidades indígenas y los entes gubernamentales”.