Ve Noticia, Bacalar.- El Periódico Oficial de Quintana Roo, oficializó el acuerdo por el cual el Cabildo de Bacalar designó como apoderada jurídica de ese Ayuntamiento a la segunda regidora, Rosa García González.
En el índice del documento publicado este martes 19 de julio, en su tomo II, número 116 Extraordinario Novena, aparecen 10 disposiciones.
La última de ellas, refiere al acuerdo por el que se aprobó nombrar a la segunda regidora del Cabildo de Bacalar, Rosa García González.
Para ejercer la facultad de apoderada jurídica de ese Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 92, fracción V de la Ley de los Municipios del Estado.
De esa manera, se ratificó la determinación que tomaron en la sesión extraordinaria de Cabildo realizada la mañana del pasado lunes 11 de julio.
Por los regidores integrantes de ese cuerpo Colegiado, Carlos Marín Ucan Flores, Rosa García González.
Además de San Eleuterio Méndez Bacab, Hilaria Moreno Hernández, Juan Sepúlveda Palacios, María Elizabeth Can Falcón y el alcalde, José Alfredo Contreras Méndez.
De revocarle la facultad como apoderada legal de ese Ayuntamiento a la síndica, Juana Vanessa Piña Gutiérrez, por negarse a cumplir con sus obligaciones que establece la ley.
La funcionaria municipal, incurrió en una violación a los artículos 66 del Reglamento Interior de los Municipios de Quintana Roo y el tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Toda vez que se negara a signar documentos del gobierno municipal, entre ellos, la Cuenta Pública del cuarto trimestre de 2021 y del primer trimestre de 2022.
Además de firmar un escrito para que la Dirección Jurídica de la administración bacalarense, pudiera tener la representación legal del Ayuntamiento en dos juicios laborales.
Lo que puso en riesgo de obtener un resultado en contra, de no darse contestación en tiempo y forma, como lo establece la ley en la materia.
Lo que causaría que el Ayuntamiento de Bacalar se vea obligado a desembolsar aproximadamente 200 mil pesos a los promoventes.
Tampoco quiso rubricar como representante legal, la contestación a las diversas observaciones realizadas por auditorías externas, lo que también podría generar un daño patrimonial en contra del Ayuntamiento, por concepto de multas.